El nueve de septiembre Bogotá se levantó adolorida y furiosa, pues en la madrugada se conoció que Javier Ordoñez, estudiante de derecho de 45 años falleció en el CAI (Centro de Atención Inmediata) de Villaluz localizado en Engativá, a causa de múltiples disparos de pistola ‘Taser’ y golpes producto del abuso policial, lo cual desencadenó múltiples protestas que a su vez causaron mayor abuso por parte de esta institución, reflejadas en el número de muertes de civiles y daños en los bienes públicos. ¿Quién dio la orden? ¿Cómo entender lo sucedido durante el 9S? Recapitulemos...
Sabemos que Bogotá venía de una alcaldía de Enrique Peñalosa marcada por una impopularidad notable y por el afrontamiento a finales del 2019 del paro nacional denominado #21N el cual fue convocado por sindicatos y movimientos sociales para exigirle al gobierno nacional de Iván Duque -del cual es necesario destacar su acentuada ideología de derecha-, entre otras cosas, la protección a los líderes sociales, mayores recursos para la educación pública, y para manifestar el descontento de una posible reforma pensional y judicial que afectarían a la población colombiana y su democracia y una posible regulación de la protesta social. Este paro duró tres días y produjo, en la ciudad de Bogotá, numerosos daños a los bienes públicos, vandalismo, saqueos y un abuso policial inminente, que dejó como consecuencia la muerte del joven de 17 años Dilan Cruz por parte de un disparo en la cabeza con una munición conocida como ‘Bean bag’ de parte del escuadrón móvil antidisturbios ESMAD y avivaron aún más las manifestaciones en las calles.
Ahora, con las elecciones locales del 27 de octubre del año pasado en Bogotá ganó la coalición de centro- izquierda, bajo el liderazgo de Claudia López, quien llegó a la alcaldía de Bogotá con el objetivo de, entre muchos aspectos, garantizar la protesta social para darle una mayor voz a la ciudadanía, y enfrentar la corrupción; con esto y otras propuestas ha puesto en marcha su plan de desarrollo denominado “Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI” que se ha visto afectado y modificado por la pandemia del COVID- 19 que además de dejar hasta el momento 308645 casos confirmados ha generado una crisis económica debido al confinamiento total y por localidades que se llevó a cabo desde el 24 de Marzo hasta el 30 de Agosto y que ha dejado un 23, 6% de desempleo, y el 6,2% de la pobreza multidimensional del país.
Con esta perspectiva política y volviendo al hecho central, es necesario saber que el crimen de Ordoñez comenzó en un andén al frente de su vivienda, pero terminó de cometerse en un CAI haciendo que los diferentes espacios en los que se desarrollaron las protestas alrededor de varias localidades de Bogotá tuvieran como punto de encuentro común estos Centros de Atención Inmediata que se encuentran distribuidos alrededor de la capital. Así, los manifestantes expresaron su ira contra estos, vandalizándolos, e incendiándolos, de esta manera, múltiples CAI fueron afectados alrededor de la capital y se registraron 13 muertes por abuso policial. El siguiente mapa muestra los CAI perjudicados entre 9 y el 14 de septiembre del presente año.
A lo largo de la protesta social vemos como distintos actores intervienen, por una parte, tenemos a la ciudadanía como un actor protagonista que sale a ejercer un derecho legitimado en la constitución de 1991, por otro lado, tenemos al ya mencionado gobierno nacional encabezado por Iván Duque, organismo policial que tiene la misión de velar por la seguridad de la población pero que finalmente termina haciendo todo lo contrario, también tenemos a la alcaldía de Bogotá que estuvo completamente en desacuerdo con los abusos y asesinatos cometidos durante los días que permaneció la protesta... entonces esto suscita una pregunta importante, si la policía queda bajo las órdenes del alcalde en las ciudades y municipios, pero la alcaldía rechazó los actos perpetrados ¿Quién dio la orden a la policía metropolitana de Bogotá de salir con la intención de atemorizar a los manifestantes e incluso abrir fuego asesinando a 13 personas?
Para responder a esta pregunta, es preciso analizar las relaciones de fuerza: como el jefe máximo de la fuerza pública, tenemos al presidente Iván Duque quien, vistiéndose con el uniforme de la policía, reconoció la “gallardía” de los patrulleros y rechazó la propuesta de una reforma policial una vez más (Saldarriaga, 2020), reafirmando a la vez su poder como jefe de Estado, después tenemos al ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo, que, siguiendo la política del presidente y ejerciendo en este caso casi el mismo poder que este último, apoyó a la policia y argumentó que la ciudadanía había preparado un complot en contra de la institución (Saldarriaga, 2020), solo mediante una orden judicial se vio forzado a pedir perdón, más nunca reconoció responsabilidad alguna; también tenemos al general de la policía metropolitana de Bogotá, Oscar Atehortúa quien nunca salió a decir declaraciones y finalmente tenemos de nuevo a la alcaldesa Claudia López que responsabilizo al presidente Duque por lo sucedido, denunció el abuso ante la procuraduría, convocó a los ciudadanos a un ‘cacerolazo’ y ofreció una jornada de perdón a las víctimas (Saldarriaga, 2020); todo esto nos dice que nadie dio la orden, y que por ende se tiene una ruptura en la cadena de mando, por lo tanto, tenemos una relación de poder entre las armas y los gritos de protesta en donde son las primeras las que intentan avasallar a las segundas.
Con todo, es claro que Ordoñez viene a ser asesinado en medio de una pandemia que ha dejado una ciudad e incluso todo un país devastado económicamente, pero, sobre todo, es asesinado luego del paro que ha sido catalogado como el más grande de la historia y que tuvo como epicentro nuestra ciudad, así podemos reafirmar que el crimen del abogado por el abuso policial, constituye un hecho detonante que reaviva la furia de la ciudadanía contenida durante el aislamiento obligatorio y que todavía clama por la justicia de Dilan Cruz, una reforma policial que haga de esta institución una de carácter civil y no militar, desmantelando así el ESMAD y, por otro lado, una protesta que todavía implora la protección de los líderes sociales, las mejoras de las condiciones laborales de los trabajadores, y el reconocimiento los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, rechazando la violencia de género que, con los días, ha aumentado; es decir, la ciudadanía sigue pidiéndole al gobierno las mismas exigencias del 21 de Noviembre del año pasado. Las preguntas como siempre, son las mismas ¿Cuánto tendrá que pasar para que se efectúe una reforma? ¿Habrá un o unos culpables? ¿Qué pasará ahora?
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