Desde
el Concejo de Bogotá se hicieron fuerte críticas a la medida tomada el año
anterior de bajar el costo del SITP y TransMilenio, medida que estaría
generando un déficit fiscal enorme que ascendería al billón de pesos. Hay que
recordar que Petro fue cuestionado enormemente por esta medida, que el mismo
alcalde defendía por ser un beneficio –según él- para el usuario. Faltando a la
verdad se encontraba el alcalde, el subsidio a la tarifa se hizo fue al
operador y no al usuario, es decir que a los operadores le sigue llegando la
misma cantidad mientras es el distrito el que asume el costo de la rebaja y no
el operador como debió haber sido; en ese orden de ideas ese acto de populismo
ramplón que se suma a la crisis que afronta el SITP contradice los postulados
del alcalde en su defensa de lo público.
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Los
contras del POT no salen esta vez de los granes gremios de la construcción o
del ministro de Vivienda como señala el alcalde, está vez son los habitantes de
Teusaquillo que se oponen al POT, ya que este pretende urbanizar una zona del
Parque Metropolitano Simón Bolívar y que según propios ambientalistas pone en
riesgo la existencia del humedal el Greco. No son entonces los poderosos que
señala el alcalde, son habitantes que se oponen al POT y que como ya han hecho
distintas organizaciones se han movilizado para exigir derogar el decreto.
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Luego
de más de tres meses de la polémica propuesta del alcalde de cobrar por el uso
del espacio público se anuncia que el decreto está ad portas de su reglamentación por decreto. Con su política en
contra de las “mafias” fue presentado este decreto, que según el alcalde muchas
de las zonas públicas están controladas por bandas que extorsionan y mantienen
un control a las actividades económicas que se ejercen en dichos espacios y que
más bien esos recursos deberían entrar a las arcas del distrito. Sí el
propósito real de la norma fuera este no se necesita cobrar por un derecho
público consagrado en la constitución, que si bien por intentar acabar el
negocio a las “mafias” estaría privando a los ciudadanos al derecho de su goce y uso público. Ahora bien, se dice
que al cobro estarían exentos los vendedores ambulantes –que en realidad serían
venteros callejeros, estacionarios y ambulantes- y que serían reubicados a ZAEP
(Zonas de Aprovechamiento Económico Permanente) donde estarían aglutinados y
destinados a una competencia feroz y un negocio no rentable que los obligaría a
abandonar las ZAEP antes de los 5 años permitidos para permanecer allí y volver
a ubicarse en el espacio público.
Pero
hay más, según la alcaldía se reglamentara a través de este decreto a los
vendedores ambulantes y que estos acreditados podrán acceder a dichos
programas, pero la alcaldía desconoce una realidad absoluta, existen una
informalidad que se presenta dentro la misma informalidad de los venteros que
la alcaldía busca “reglamentar” y que estos dadas sus condiciones particulares
de ubicación, actividad económica y social estarían por fuera y el destino de
estos no tendría cabida –hasta donde parece- en los planes de la administración
Distrital. Pero si este cobro se hace por el uso del espacio público que
represente lucro alguno caerían tormentas de grandes capitales e interesados en
sacar provecho alguno a este, la capacidad económica y el gran poder financiero
supeditarían entonces el derecho a este bien público y se convertiría así en un
gran mercado, que ahora si involucraría a mafias, pero a mafias con gran poder
económico que condicionaría así al ciudadano de a pie a moverse dentro de un
mercado de derechos como la típica actitud de los fanáticos y seguidores del
neoliberalismo.
Al
ser denunciado por el movimiento MIRA que hay cerca de 3000 millones de pesos
que se encuentran en construcciones sin terminar que estarían destinados a para
la realización de salones comunales y el distrito ni siquiera tiene planes para
recuperar dichos proyectos, también denunció que estos terrenos, aparte de
tener sus obras inconclusas, son invadidas. Esto muestra una gran
despreocupación, o peor aún, una total negligencia con por parte de las
entidades distritales al no tener ningún tipo de control administrativo ni
político de lo que pasa con las obras de la ciudad y que además, muchas de
ellas han sido abandonadas por más de 8 años.
Tras
8 años de haberse anunciado la construcción de la nueva sede de la Universidad
Distrital en Bosa el vicerrector de esta institución educativa afirmó que desde
enero del próximo año se dará inicio a las obras, en cuyas instalaciones se
beneficiaran cerca de 5000 estudiantes y para la segunda etapa de su
construcción se espera que se beneficien unos 12 estudiantes, beneficio que
sería dado en el 2016. Esta expansión de la sede de la universidad es una
excelente iniciativa por parte del de la dirigencia de la universidad, para de
alguna manera poder dar cobertura a más estudiantes, cobertura que de por sí es
muy baja no solo en la capital sino también a nivel nacional. También hay que
decir que estas instalaciones deberían hacerse en más localidades de la ciudad
y además iniciativas como esta deberían acogerse en otras ciudades de alta y
mediana importancia en el país.
Hasta
diciembre sería implementado el nuevo Pico y Placa de la ciudad, firmado
anteriormente por el alcalde de la ciudad Gustavo Petro. Este no puede ser
implantado antes debido a que existen problemas de incompetencia y
desorganización por parte de las secretarías de movilidad y planeación al no
poder coordinar el cierre y la apertura de ciertas estaciones de TransMilenio.
El
distrito en su plan de modernizar la movilidad de la capital está buscando
integrar los diferentes sistemas de trasporte de la ciudad, además del TransMilenio
y los buses corrientes en el SITP quiere integrar a los taxis en ese nuevo
modelo de movilidad, idea que fue planteada por la secretaría de movilidad.
Esta integración se consistiría en que los taxis podría ser pagados con la
tarjeta tu llave, tarjeta que es usada en para el pago de buses de TransMilenio
y del SITP. Esta iniciativa sería muy buena ya que el cliente de este servicio
tendría mayor comodidad a la hora de pagar los sistemas que usa para su
transporte.
Los
alargues que se les está dando a los juicios contras los primos Nule por el
carrusel de la contratación son clara evidencia de la gran competencia de los
abogados colombianos para dilatar procesos contra implicados en graves casos de
corrupción y demás que se presentan en la capital y en Colombia en general,
además muestra también la gran incompetencia de la justicia colombiana para
mantener a los implicados bajo su control y evitar la dilatación de proceso
jurídicos en estos asuntos, también muestra que una vez más las mafias
económicas del país se burlan de los capitalinos y en general de los
colombianos a l poder evadir cualquier tipo de investigación.
Fuentes:
Imágenes:
Imagen tomada de :(1) http://www.portafolio.co/sites/portafolio.co/files/imagecache/horizontal_articulo/PARQUE_2.jpg
Imagen tomada de: (2) http://st.elespectador.co/files/imagecache/560x373/imagenprincipal/fd522e26815516a53ff1c33a775727b5.jpg
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http://www.bluradio.com/44597/lonja-de-bogota-espera-que-corte-se-pronuncie-sobre-pot-en-tres-meses
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http://www.bluradio.com/44891/gustavo-petro-no-perdera-investidura-por-procesos-anteriores-amnistia
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