Desde el Concejo de Bogotá se hicieron fuerte críticas a la medida tomada el año anterior de bajar el costo del SITP y TransMilenio, medida que estaría generando un déficit fiscal enorme que ascendería al billón de pesos. Hay que recordar que Petro fue cuestionado enormemente por esta medida, que el mismo alcalde defendía por ser un beneficio –según él- para el usuario. Faltando a la verdad se encontraba el alcalde, el subsidio a la tarifa se hizo fue al operador y no al usuario, es decir que a los operadores le sigue llegando la misma cantidad mientras es el distrito el que asume el costo de la rebaja y no el operador como debió haber sido; en ese orden de ideas ese acto de populismo ramplón que se suma a la crisis que afronta el SITP contradice los postulados del alcalde en su defensa de lo público.
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Los contras del POT no salen esta vez de los granes gremios de la construcción o del ministro de Vivienda como señala el alcalde, está vez son los habitantes de Teusaquillo que se oponen al POT, ya que este pretende urbanizar una zona del Parque Metropolitano Simón Bolívar y que según propios ambientalistas pone en riesgo la existencia del humedal el Greco. No son entonces los poderosos que señala el alcalde, son habitantes que se oponen al POT y que como ya han hecho distintas organizaciones se han movilizado para exigir derogar el decreto.
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Luego de más de tres meses de la polémica propuesta del alcalde de cobrar por el uso del espacio público se anuncia que el decreto está ad portas de su reglamentación por decreto. Con su política en contra de las “mafias” fue presentado este decreto, que según el alcalde muchas de las zonas públicas están controladas por bandas que extorsionan y mantienen un control a las actividades económicas que se ejercen en dichos espacios y que más bien esos recursos deberían entrar a las arcas del distrito. Sí el propósito real de la norma fuera este no se necesita cobrar por un derecho público consagrado en la constitución, que si bien por intentar acabar el negocio a las “mafias” estaría privando a los ciudadanos al derecho de su goce y uso público. Ahora bien, se dice que al cobro estarían exentos los vendedores ambulantes –que en realidad serían venteros callejeros, estacionarios y ambulantes- y que serían reubicados a ZAEP (Zonas de Aprovechamiento Económico Permanente) donde estarían aglutinados y destinados a una competencia feroz y un negocio no rentable que los obligaría a abandonar las ZAEP antes de los 5 años permitidos para permanecer allí y volver a ubicarse en el espacio público.
Pero hay más, según la alcaldía se reglamentara a través de este decreto a los vendedores ambulantes y que estos acreditados podrán acceder a dichos programas, pero la alcaldía desconoce una realidad absoluta, existen una informalidad que se presenta dentro la misma informalidad de los venteros que la alcaldía busca “reglamentar” y que estos dadas sus condiciones particulares de ubicación, actividad económica y social estarían por fuera y el destino de estos no tendría cabida –hasta donde parece- en los planes de la administración Distrital. Pero si este cobro se hace por el uso del espacio público que represente lucro alguno caerían tormentas de grandes capitales e interesados en sacar provecho alguno a este, la capacidad económica y el gran poder financiero supeditarían entonces el derecho a este bien público y se convertiría así en un gran mercado, que ahora si involucraría a mafias, pero a mafias con gran poder económico que condicionaría así al ciudadano de a pie a moverse dentro de un mercado de derechos como la típica actitud de los fanáticos y seguidores del neoliberalismo.
Al ser denunciado por el movimiento MIRA que hay cerca de 3000 millones de pesos que se encuentran en construcciones sin terminar que estarían destinados a para la realización de salones comunales y el distrito ni siquiera tiene planes para recuperar dichos proyectos, también denunció que estos terrenos, aparte de tener sus obras inconclusas, son invadidas. Esto muestra una gran despreocupación, o peor aún, una total negligencia con por parte de las entidades distritales al no tener ningún tipo de control administrativo ni político de lo que pasa con las obras de la ciudad y que además, muchas de ellas han sido abandonadas por más de 8 años.
Tras 8 años de haberse anunciado la construcción de la nueva sede de la Universidad Distrital en Bosa el vicerrector de esta institución educativa afirmó que desde enero del próximo año se dará inicio a las obras, en cuyas instalaciones se beneficiaran cerca de 5000 estudiantes y para la segunda etapa de su construcción se espera que se beneficien unos 12 estudiantes, beneficio que sería dado en el 2016. Esta expansión de la sede de la universidad es una excelente iniciativa por parte del de la dirigencia de la universidad, para de alguna manera poder dar cobertura a más estudiantes, cobertura que de por sí es muy baja no solo en la capital sino también a nivel nacional. También hay que decir que estas instalaciones deberían hacerse en más localidades de la ciudad y además iniciativas como esta deberían acogerse en otras ciudades de alta y mediana importancia en el país.
Hasta diciembre sería implementado el nuevo Pico y Placa de la ciudad, firmado anteriormente por el alcalde de la ciudad Gustavo Petro. Este no puede ser implantado antes debido a que existen problemas de incompetencia y desorganización por parte de las secretarías de movilidad y planeación al no poder coordinar el cierre y la apertura de ciertas estaciones de TransMilenio.
El distrito en su plan de modernizar la movilidad de la capital está buscando integrar los diferentes sistemas de trasporte de la ciudad, además del TransMilenio y los buses corrientes en el SITP quiere integrar a los taxis en ese nuevo modelo de movilidad, idea que fue planteada por la secretaría de movilidad. Esta integración se consistiría en que los taxis podría ser pagados con la tarjeta tu llave, tarjeta que es usada en para el pago de buses de TransMilenio y del SITP. Esta iniciativa sería muy buena ya que el cliente de este servicio tendría mayor comodidad a la hora de pagar los sistemas que usa para su transporte.
Los alargues que se les está dando a los juicios contras los primos Nule por el carrusel de la contratación son clara evidencia de la gran competencia de los abogados colombianos para dilatar procesos contra implicados en graves casos de corrupción y demás que se presentan en la capital y en Colombia en general, además muestra también la gran incompetencia de la justicia colombiana para mantener a los implicados bajo su control y evitar la dilatación de proceso jurídicos en estos asuntos, también muestra que una vez más las mafias económicas del país se burlan de los capitalinos y en general de los colombianos a l poder evadir cualquier tipo de investigación.
Fuentes:
Imágenes:
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- http://www.bluradio.com/44597/lonja-de-bogota-espera-que-corte-se-pronuncie-sobre-pot-en-tres-meses
- http://www.bluradio.com/44891/gustavo-petro-no-perdera-investidura-por-procesos-anteriores-amnistia
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